La disputa entre el gobierno mexicano y un comité especializado de la ONU escaló este lunes luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum explicara públicamente por qué México rechazó el informe internacional sobre desapariciones forzadas. La mandataria sostuvo que el documento proyectó a 2025 datos que, según su versión, correspondían a un análisis realizado entre 2009 y 2016, y cuestionó tanto su metodología como su encuadre jurídico.
El señalamiento coloca nuevamente en el centro de la agenda nacional uno de los temas más sensibles en materia de derechos humanos: el alcance de la crisis de desapariciones en México y la forma en que el Estado responde al escrutinio internacional sobre esta problemática.
Sheinbaum explica por qué se rechazó el informe
De acuerdo con la posición expresada por la presidenta, el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tomó información correspondiente a un periodo anterior y la extendió hasta 2025. Sheinbaum sostuvo además que el documento presenta un análisis de cuatro entidades federativas y que no incorpora, desde la óptica del gobierno federal, las acciones que se han emprendido en años recientes para atender el problema.
En la nota periodística, la mandataria también sostuvo que su administración mantiene trabajo con colectivos de familiares y que continuará la interlocución con instancias internacionales para exponer por qué no comparte el contenido del reporte.
Qué hizo el Comité de la ONU
El pronunciamiento del gobierno se produjo después de que el Comité contra la Desaparición Forzada activara el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, con la intención de que la Asamblea General de la ONU considere medidas de apoyo para México en tareas de búsqueda, análisis forense, investigación y protección a familias y organizaciones.
Según la aclaración difundida por la propia ONU-DH, ese procedimiento no se presenta como una condena automática, sino como un mecanismo orientado a movilizar cooperación, asistencia especializada y respaldo internacional ante una situación que el Comité considera de alta gravedad.
El punto de choque entre ambas posturas
El desacuerdo central está en la interpretación del fenómeno. Mientras el gobierno mexicano sostiene que el informe extrapola cifras, omite avances recientes y rebasa el mandato jurídico del Comité, el organismo internacional ha señalado que su decisión se basa en información acumulada durante años, incluida la recibida del propio Estado mexicano, denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita al país.
Lo que está en discusión
- La validez del diagnóstico presentado por el Comité de la ONU.
- El periodo analizado y la forma en que se interpretaron las cifras.
- La definición jurídica de desaparición forzada y su alcance.
- La respuesta del Estado mexicano frente al escrutinio internacional.
- La posible intervención de la Asamblea General para valorar apoyos y cooperación.
Un debate que seguirá abierto
La controversia deja abierto un debate de fondo sobre cómo debe leerse la crisis de desapariciones en México y qué peso tendrán, en los próximos días, tanto la respuesta diplomática del gobierno como las precisiones del sistema internacional de derechos humanos. Por ahora, el choque entre ambas posiciones ya escaló al terreno político, jurídico y diplomático.
